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Blog: El riesgo en contexto

¿Cómo recuperarse de la corrupción corporativa? Argentina muestra el camino

Por Alejandro Guerrero Jueves, 14 Marzo 2019

Las noticias sobre corrupción corporativa son cada vez más comunes en los medios de comunicación. El año pasado en Estados Unidos, el programa de denuncias de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tuvo el pago de multas más grande de la historia; el llamado escándalo Fifagate reveló un esquema internacional de actividades delictivas en el fútbol, y el escándalo “Lava-Jato” (Operación “Lavado de autos”) en Brasil incluyó no solo grandes compañías privadas, sino también una larga lista de políticos, incluidos dos expresidentes del país.

La corrupción parece ser una plaga a la que ningún país es inmune.

Argentina tiene su propio caso: el reciente estallido de los “cuadernos de la corrupción” ha enredado a funcionarios y accionistas de alto rango de compañías privadas, junto con políticos y ex funcionarios del gobierno, incluyendo aun otro expresidente.

Qué hacer cuando una empresa es acusada

Cuando gerentes confiesan o son procesados provoca que su corporación entre en una crisis que puede poner en peligro el futuro de cientos de miles de trabajadores. Las multas potenciales, el retiro del financiamiento y la exclusión de los contratos del gobierno generalmente afectan a los contratistas, proveedores y a toda la cadena de valor vinculado con una empresa.

Existe un dilema ético muy claro que debe abordarse: independientemente de las personas que han confesado o se ha demostrado que han cometido actos delictivos, las corporaciones que poseen o administran también pueden haberse beneficiado de las irregularidades y, en muchos casos, han participado para que tales crímenes ocurran.

¿Cuánta compensación es necesaria?

La compensación de la corporación en forma de multas o algún tipo de reembolso monetario por cualquier ganancia no ética obtenida de actividades ilegales no solo es apropiada, sino que también es necesaria para prevenir una conducta indebida en el futuro. Esto envía un mensaje al público que el enjuiciamiento no se limita a los individuos, y que dicha conducta corporativa no será tolerada en el futuro.

Al mismo tiempo, mientras que tal compensación debe ser de una magnitud proporcional a los delitos, también debe ser viable para la empresa. Arrastrar a las empresas a la bancarrota debido a multas impagables genera los mismos resultados negativos, y es muy probable que impida que se paguen las multas. Y, por supuesto, no es útil agravar la reducción de una fuerza laboral en un país como Argentina que ya enfrenta tasas muy altas de desempleo.

Continuidad corporativa

La continuidad corporativa es un equilibrio delicado que debe ser manejado no solo desde un aspecto financiero, sino también desde un aspecto de transparencia y cumplimiento, toda vez que las corporaciones deben someterse a un escrutinio externo.

El escándalo de los “cuadernos de corrupción” ya ha involucrado a los principales grupos de construcción, y probablemente se extiendan a otras industrias como bancos, concesionarios de servicios públicos, carreteras de peaje y cualquier otro negocio que dependa de fondos o concesiones del gobierno. Incluso existe el riesgo de que cause una desaceleración en la economía argentina, especialmente si se considera la capacidad limitada del gobierno para obtener financiamiento adicional.

Los principios de una solución

El principio de cualquier solución exige tres consideraciones específicas que deben ser aceptadas por el gobierno, los partidos políticos, las empresas y el público en general:

1) Continuidad corporativa mediante conversión de conductas y compensación económica.

2) Retroactividad a través de la admisión voluntaria a un nuevo reglamento.

3) Administración pública / privada del programa de recuperación.

Para lograr la continuidad corporativa, la gerencia restante debe mostrar una indiscutible dedicación a cumplir con las nuevas normas de conducta corporativa de transparencia y ética corporativa. Esto significa colaborar con las investigaciones en curso, establecer y hacer cumplir las reglas internas de cumplimiento y someter a auditoría externa la implementación de las nuevas políticas.

Obtener un Perdón de Conducta Corporativa

La compensación económica debe ser determinada por la evaluación de expertos, la cual debe considerar la capacidad de una empresa para pagar durante un período de años, similar a un período de libertad condicional, hasta que se logre la reparación completa.

Una vez logrado, la empresa debe obtener un perdón de conducta corporativa para permitirle continuar operando y volver a ser admitida como posible contratista del gobierno. Tal perdón también debe limitar las investigaciones adicionales sobre los actos cometidos en relación con los casos específicos de corrupción que han reconocido. Los delitos relacionados, como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, las contribuciones políticas ilegales y cualquier otra irregularidad en relación directa con los casos identificados, deben ser eliminados para asegurar que se pueda lograr la continuidad.

Lo anterior permitirá que la entidad sea elegible para financiamiento privado, tanto a nivel local como internacional, ya que cumpliría con los acuerdos y convenios internacionales como Basilea II o Solvencia II.

Manejo de los Fondos de Compensación

Los actos de corrupción entre empresarios privados y funcionarios gubernamentales generan una pérdida para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, los fondos recuperados en compensación deben dirigirse a proyectos comunitarios.

Los particulares no pueden y no deben determinar los proyectos a ser manejados por estos fondos. Este es, inequívocamente, responsabilidad del gobierno.

Si un solo administrador supervisa la administración de los fondos y la ejecución de los proyectos, ese administrador debe poder crear un solo fondo que concentre todos los pagos durante el período determinado. Este fondo podría proyectar un flujo conservador de fondos con el fin de emitir bonos para recaudar fondos para embarcarse en los diferentes proyectos.

Un plan de rescate, no una puerta para escapar

En resumen, el flujo de fondos de los daños punitivos actuaría como garantía y fuente de reembolso de los fondos avanzados para ejecutar los proyectos designados de infraestructura social sostenible.

Tal matriz de implementación debería hacer que los inversionistas estén dispuestos a participar en dicho esquema. Por lo tanto, el rol del administrador es doble: por un lado, controla los flujos de ingresos punitivos, tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista de la ejecución; y, por otro lado, mantiene una supervisión adecuada de las acciones de las compañías "rescatadas" para asegurar el cumplimiento de las condiciones para el rescate.

Claramente, un proyecto de esta naturaleza es extremadamente difícil de lograr. Como se mencionó anteriormente, exigiría un gran liderazgo maduro y firme. Sin embargo, la alternativa de no encontrar un terreno común y simplemente sentarse de brazos cruzados con la expectativa de que las empresas encuentren su propio camino para superar su futuro crítico es negligencia pura.

Un "programa de rescate de la empresa" de esta naturaleza trae consigo beneficios directos e indirectos para toda la comunidad, así como para la economía en general.

La conclusión es la necesidad de crear un marco para proteger a las empresas y la comunidad laboral de las consecuencias negativas de la corrupción. No debe interpretarse como una salida de emergencia para las partes culpables o confesadas, quienes deben enfrentar todo el alcance de la ley por los delitos que han cometido. No se debe permitir que esas partes regresen como actores de negocios activos hasta que hayan pagado adecuadamente su deuda con la sociedad.

*Este texto fue originalmente publicado en Brink News