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INVESTIGACIÓN Y BOLETINES

La unión de seguros públicos y privados fortalecen la resiliencia en Latinoamérica

 


Por Aidan Pope, CEO de Guy Carpenter para Latinoamérica y el Caribe/Brink News

A nivel mundial, tres de los diez desastres naturales más costosos ocurridos en los últimos 35 años ocurrieron total o parcialmente en la región de América Latina y el Caribe (ALC); Las pérdidas del huracán Matthew en el Caribe todavía están siendo evaluadas.

Hoy en día, el 80% de la población de ALC vive en áreas urbanas, superada sólo por América del Norte (82 por ciento) y muy por encima del promedio mundial del 54%. Las 198 grandes ciudades de la región (más de 200.000 residentes) aportan más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), y sus 10 ciudades más grandes producen el 50%. A medida que la población de la región, la creciente clase media, la urbanización y la concentración del PIB continúan creciendo, los efectos de la volatilidad del clima probablemente aumentarán el impacto de las pérdidas de los peligros naturales en estas economías.

Los daños causados por estas pérdidas como proporción del PIB tienden a ser mucho más altos que en las economías desarrolladas. Si la región de América Latina y el Caribe debe aprovechar los beneficios económicos y sociales de los últimos años, sus gobiernos deben alinearse con el sector privado mediante alianzas público-privadas para mejorar la gestión de riesgos y las estrategias de preparación ante desastres.

El costo final de las respuestas a los eventos catastróficos pone especial presión sobre los balances públicos de los mercados emergentes, aumentando la deuda pública y, en última instancia, sobrecargando a los contribuyentes. A esto se suma la falta de cobertura de seguros en los países en desarrollo. La penetración media de los seguros de propiedad en los países en desarrollo fue sólo del 0,21% en 2014, en comparación con el 0,77% en los países industrializados.

Otra estimación indica que sólo el 3% de las pérdidas potenciales están aseguradas actualmente en los países en desarrollo, frente al 45% en los países desarrollados. Las economías maduras también pueden recurrir a menudo a las redes de seguridad fiscal para cubrir los déficits de seguros. La asignación presupuestaria de $83 billones de dólares aprobada por el Congreso de Estados Unidos después del huracán Katrina apenas se registró en el presupuesto de los Estados Unidos, pero la mayoría de las economías en desarrollo no pueden permitirse esas cantidades. Por ejemplo, un año después del huracán Iván golpeó Granada en 2004, el país incumplió su deuda externa.

El terremoto Maule del 2010 en Chile, cargó al país con 32 millones de dólares en pérdidas económicas, o 15,1% del PIB. A pesar del alto nivel de cobertura de seguros en Chile -incluso en estándares del mundo desarrollado- el 75% de los costos fueron finalmente asumidos por el gobierno, dejando una oportunidad significativa para que el sector privado reduzca la carga financiera del estado.

Muchos eventos catastróficos recientes en la región de Latinoamérica y el Caribe proporcionan ejemplos de la brecha de protección: Sólo el 5% de la pérdida económica de $8 billones de dólares del terremoto de 2010 en Haití fue asegurado; la parte asegurada de la pérdida económica de $ 2-3 billones causada por el terremoto de abril de 2016 en Manta, Ecuador, se espera que alcance no más del 15%. El terremoto de 2016 ha afectado profundamente la economía local y las finanzas públicas, ya que el desempleo aumentó en aproximadamente un 50% y el gobierno se vio obligado a aumentar los impuestos sobre las ventas en un 2% para financiar los costos de reparación y recuperación nacional. En general, los mercados emergentes enfrentan una brecha de protección mucho mayor que las economías desarrolladas.

Dado el impacto general de las catástrofes en las finanzas del sector público, los gobiernos de Latinoamérica están pasando de una dependencia excesiva de la financiación después de los eventos a un enfoque previo a la mitigación del riesgo de desastres. Las sociedades se están dando cuenta de que la transferencia de riesgos al sector privado proporciona soluciones eficientes y rentables que alivian los presupuestos del sector público ya tensos.

El sector de los seguros también fortalece los mecanismos y la innovación necesarios para "reconstruir mejor". Este concepto se basa en tres ideas clave: la reducción del riesgo, la recuperación de la comunidad, y la implementación (para aumentar la resiliencia de la comunidad).

Al mejorar los códigos de construcción y la planificación del uso de la tierra, las ciudades pueden reducir la vulnerabilidad futura de su infraestructura física. Al mismo tiempo, la recuperación social y económica se apoya mediante incentivos basados en el mercado y subsidios para financiar la ayuda y los esfuerzos de reconstrucción. Por último, la educación de las partes interesadas, la legislación, la reglamentación, la consulta a la comunidad y el seguimiento y la evaluación deben utilizarse para garantizar el cumplimiento de normas y objetivos apropiados y culturalmente sensibles.

El "Reconstruir mejor" institucionaliza los marcos de evaluación y recuperación de desastres a nivel nacional, municipal y comunitario, así como en el sector privado, el sector académico y las organizaciones civiles, mejorando la coordinación y la gobernanza del riesgo. El intercambio de las mejores prácticas regionales y mundiales, y el establecimiento de normas internacionales de ayuda apoyan aún más la recuperación y la reconstrucción sostenibles.

Lección de Resiliencia de México

La estrategia de administración de riesgos del gobierno federal de México ejemplifica un plan moderno y resiliente de preparación para desastres, incluyendo enfoques previos y posteriores a eventos y asociaciones público-privadas. Después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que estableció un sistema de múltiples niveles para integrar a los actores de los tres niveles de gobierno, los sectores privado y social, académicos y organizaciones científicas. Su propósito era proporcionar un marco institucional para mejorar la coordinación de la respuesta de emergencia. Se desarrollaron sus capacidades en las áreas de evaluación de riesgos, alerta temprana, preparación y financiamiento para el riesgo de desastres. A medida que SINAPROC evolucionó, agregó prácticas de reducción de riesgos para pasar de un plan reactivo a un plan preventivo, holístico e integrado de gestión de riesgos.

Reconociendo que el riesgo proviene de múltiples factores -política, planificación del uso de la tierra, normas culturales, etc.- SINAPROC incorporó el plan en los sectores gubernamental, privado y social. A través de la Secretaría de Gobernación, coordina la protección civil con otras políticas clave como el desarrollo urbano, la vivienda, el cambio climático y la educación, identificando claramente las responsabilidades. SINAPROC colabora con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para implementar planes de preparación para emergencias, comunicación y socorro y recuperación, además de crear instituciones para establecer políticas y presupuestos, desarrollar mejores prácticas, coordinar gobierno, promover acuerdos sociales y privados, y la investigación de mejoras científicas y tecnológicas en la gestión de riesgos. También se alinea con el Ministerio de Relaciones Exteriores para supervisar el cumplimiento y la asistencia internacional y establece disposiciones para la rendición de cuentas del gobierno.

SINAPROC también creó la Dirección General de Administración de Riesgos para supervisar los instrumentos de gestión del riesgo financiero en conjunto con las partes interesadas del sector privado. Uno de esos instrumentos se elaboró en 1996 para responder a la necesidad continua de asignaciones presupuestarias posteriores al evento. El Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) es un vehículo financiero transparente mediante el cual el gobierno federal provee fondos previos al evento de los ingresos fiscales para la respuesta y reconstrucción después de un desastre. Sus recursos son asignados por ley y las distribuciones son hechas por el banco estatal de desarrollo a partir de subcuentas dedicadas a programas específicos de reconstrucción.

A través de FONDEN, el gobierno mexicano estableció relaciones con el capital internacional y los mercados de reaseguros que han demostrado ser críticos en el acceso a los esquemas de transferencia de riesgo. En 2006 compró el primer bono catastrófico de México, Cat Mex. En 2009, reemplazó a Cat Mex por el bono MultiCat México, ampliando la cobertura de terremotos y agregando cobertura de huracanes. El bono se renovó de nuevo en 2012 antes de hacer un pago de 50 millones de dólares al gobierno mexicano por las pérdidas del huracán Patricia de 2015. SINAPROC aún mitiga el impacto de la tormenta mediante el uso de su sistema de alerta temprana para evacuar a la mayoría de la población afectada, resultando en sólo un puñado de bajas, a pesar de que Patricia fue el segundo más intenso ciclón tropical registrado.

En 2011, FONDEN también colocó un programa de seguro tradicional que cubría el 100% de los activos del gobierno federal. Para incentivar la prevención, cubre hasta el 50% de los activos provinciales si los municipios implementan estrategias formales de transferencia de riesgo. El programa se renovó en 2012 con más de 40 reaseguradores internacionales y demostró un considerable poder adquisitivo al convencer al mercado para que aceptara sus propios procedimientos de evaluación y ajuste de daños.

La estrategia de gestión de riesgos de México se ha ganado una sólida reputación en la comunidad internacional. El Banco Mundial dijo que está "a la vanguardia de iniciativas encaminadas al desarrollo de un marco integrado de gestión del riesgo de desastres, incluyendo el uso efectivo de mecanismos de financiamiento y seguros para manejar el riesgo fiscal derivado de los desastres", destacando como ejemplo a seguir para otros gobiernos.

Otro de los líderes del mercado en las asociaciones público-privadas, el CCRIF SPC (anteriormente el Mecanismo de Seguros de Riesgo de Catástrofes en el Caribe) es el primer seguro paramétrico que utiliza aseguradores tradicionales y mercados de capitales. El CCRIF, creado en 2007 con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno de Japón y otros donantes, brinda protección contra terremotos, huracanes y lluvias excesivas a 17 países del Caribe y Centroamérica. Aprovechando su diversa cartera, la instalación ofrece reaseguro asequible para los miembros a través de swaps de catástrofes con el mercado de reaseguros. En 2014 accedió por primera vez a los mercados de bonos catastróficos con un bono de tres años por $30 millones de dólares que cubría los huracanes y los terremotos, proporcionando al CCRIF acceso a reaseguro a varios años a un precio fijo.

El fondo de riesgo mitiga los problemas de flujo de efectivo que enfrentan sus miembros después de grandes desastres naturales al proporcionar pagos rápidos y transparentes para ayudar con las respuestas iniciales de desastre. Ha hecho 22 pagos a 10 miembros por un total de $69 millones de dólares, todo dentro de un plazo de 14 días. El CCRIF fue el primero en pagar reclamaciones relacionadas con el terremoto de 2010 en Haití y ha pagado más de $29 millones de dólares en respuesta al huracán Matthew 2016.

El microseguro ayuda a cerrar la brecha de seguros

Para no quedarse atrás, el sector privado ha demostrado su compromiso de ofrecer soluciones de seguros a las economías emergentes a través del consorcio de la industria y la incubadora de riesgo Blue Marble Microseguros. El consorcio fundador de Blue Marble se ha comprometido a lanzar 10 empresas de microseguros en los próximos 10 años para ofrecer soluciones de gestión de riesgos a los subatendidos. Mediante la colaboración con socios estratégicos, incluyendo entidades gubernamentales y cuasi gubernamentales y plataformas tecnológicas innovadoras, Blue Marble busca mejorar la sostenibilidad expandiendo el papel del seguro en la sociedad. Estos emprendimientos considerarán métodos de distribución únicos, asociaciones locales, desarrollo de productos y servicios de impacto.

Blue Marble está trabajando actualmente para cerrar la brecha de protección en el riesgo que el cambio climático plantea a los pequeños agricultores en América Latina con la intención de lanzar pilotos en 2017. Blue Marble entiende el valor de las alianzas entre el sector público y el sector privado en el cumplimiento de su misión. Está coordinando sus iniciativas para impulsar la producción agrícola y la gestión de los riesgos asociados con funcionarios del gobierno local, incluidos los Ministros de Agricultura.

Dada la reciente desaceleración de la demanda mundial de productos básicos y las persistentes desigualdades sociales y corrupción en algunos países, es más importante que nunca que los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe no sólo protejan los logros económicos y sociales obtenidos en la última década, sino que proporcionen los sistemas y las instituciones para promover un mayor crecimiento sostenible. La asociación con el sector privado garantiza que las mejores prácticas, las innovaciones y las técnicas de gestión y reducción del riesgo de la industria aseguradora se combinen con el conocimiento de los gobiernos regionales sobre el riesgo, garantizando así que las ciudades y comunidades resilientes estén preparadas para un fuerte crecimiento futuro.

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