México y el decisivo tercer año del mandato de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) - de quien se comunicó el pasado domingo 24 de enero que se había cotagiado de Covid-, ha comenzado su tercer año en el cargo con su popularidad todavía alta, aunque ha disminuido frente a los máximos históricos: por lo menos un 60% de los mexicanos todavía aprueba a su líder de “teflón”. En la Latinoamérica actual, este acto en la cuerda floja no tiene igual. 

Pero 2021 podría ser un año determinante para la “Cuarta Transformación” de México del presidente AMLO. Como en todas partes, la pandemia está exacerbando las fisuras sociales preexistentes. Las notorias tres “íes” de México: inequidad, inseguridad e ilegalidad, se están agravando. Dentro de medio año, las elecciones de mitad de período probarán si su administración tiene el apoyo popular para modificar la constitución de México. 

Los problemas se están acumulando

Las críticas sobre el manejo de la pandemia del coronavirus por parte de México están creciendo. México entra al 2021 solamente superado por Estados Unidos, Brasil e India en el número de muertes causadas por el coronavirus, y la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el país Azteca estaba “en baja forma” después de llegar a un pico en el número de casos y muertes por Covid-19. 

Las billeteras de los mexicanos también están sufriendo. La economía vio su peor desplome en ocho décadas, y más de 1.1 millones de personas perdieron sus trabajos de marzo a junio. El banco central de México pronostica que el PIB se contraerá en un 9% en 2020. Sin embargo, el Presidente AMLO, cauteloso por la devastación financiera de la Crisis del Tequila de hace casi un cuarto de siglo, se ha negado a impulsar el gasto público. México ha dedicado solamente el 0,7% de su PIB a hacer frente a la crisis; en comparación, el estímulo fiscal en Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, representó el 13% del PIB. 

La seguridad también se está deteriorando. Los homicidios en México en los últimos dos años han aumentado a sus niveles más altos en seis décadas. 2020 está en camino de establecer otro récord. En junio de 2020, el descarado intento de asesinato de una banda de narcotraficantes contra el jefe de policía de Ciudad de México conmocionó a la nación. Las protestas contra el feminicidio están creciendo en México, donde las mujeres en casi un 80% no se sienten seguras, de acuerdo con una encuesta del gobierno del año 2020. 

El presidente AMLO ha obtenido pocas victorias tangibles en su empeño contra la corrupción, una parte central de su plataforma de campaña en 2018. Durante sus primeros dos años en el cargo, ha ignorado solicitudes de nombramiento de 18 magistrados en el sistema federal contra la corrupción establecido por su predecesor. En 2019, los actos de corrupción autodenunciados se dispararon en un 19% frente a 2017, y un 78% de todos los contratos del gobierno fue adjudicado sin un proceso de licitación pública. 

Batallas con el sector privado

Tal vez lo más inquietante es que se espera que en 2021 continúe la tensión entre la administración de AMLO y el sector privado. Incluso antes de que la pandemia provocara una fuga masiva de capitales, las políticas populistas del presidente chocaron con la comunidad empresarial. Su gobierno desechó un aeropuerto de $18.000 millones que ya estaba a medio construir, y no concedió permisos federales para una cervecería de $1.400 millones, después de que se habían gastado $900 millones en el proyecto casi finalizado.

Es probable que la gran fisura con la comunidad empresarial el próximo año se dé en relación con los proyectos energéticos. En los últimos dos años, el gobierno del Presidente AMLO ha debilitado la reforma energética de 2013-2014, que limitaba la intervención del estado en el sector energético en favor de la inversión privada. El presidente AMLO ha fortalecido las posiciones de mercado de las empresas estatales Pemex y CFE, poniendo más de 150 proyectos renovables en desarrollo y sus $40.000 millones de inversión en riesgo.

Ahuyentar a los inversionistas podría tener consecuencias en el mundo real. Podría llevar a costos de electricidad más altos para las industrias y las fábricas mexicanas, también afectando con ello el empleo y la competitividad global. Esto también socava la capacidad de México de lograr sus objetivos de energía limpia, de los cuales ya se ha desviado. Las políticas contra los inversionistas también podrían recortar los esfuerzos para acelerar la externalización de actividad laboral en un país cercano (nearshoring) de la producción de China a México. 

¿Ponerlo a votación?

Derogar la composición energética de México requeriría una reforma constitucional. Cambiar la constitución no es una tarea fácil: el presidente AMLO necesita la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, y 17 de los 32 estados. Actualmente, el partido Morena del Presidente AMLO y sus aliados tienen las mayorías tanto en la cámara baja del Congreso de México como en el Senado, pero no las dos terceras partes.  

La oportunidad vendrá pronto. Las elecciones legislativas en junio verán a los mexicanos votar por las 500 curules en la cámara baja del congreso nacional y, en casi la mitad de los estados, por sus congresos y gobernadores. 

Los retos son abundantes, y Morena recientemente ha visto algunas feroces luchas internas por el poder. Pero las reformas energéticas podrían probar ser un medio efectivo de distracción de la pandemia y del estancamiento socioeconómico. El Presidente AMLO también ha hecho que esto sea personal, al proponer un referendo constitucionalmente dudoso junto con la votación a mitad de período para validar su presidencia. 

Independientemente de los resultados de las elecciones —y sumándose a la confusión de las inversiones— el tratado comercial de Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), el cual entró en vigencia en julio de 2020, podría tomar las riendas en una agenda de política más radical. En cuanto a energía, por ejemplo, México se comprometió a mantener al menos el nivel de apertura que existía antes del tratado comercial, y las firmas extranjeras pueden demandar al gobierno si se retracta. 

Un acto de equilibrio en el norte

México también podría enfrentar dificultades en 2021 por la entrante administración en Estados Unidos de Joe Biden. La cercana relación del Presidente AMLO con el saliente presidente Donald Trump fue sorprendente, pero finalmente se redujo a un simple intercambio político: Mientras México ayudara a contener la migración hacia Estados Unidos, Estados Unidos no interferiría en el historial decididamente poco impresionante de México en cuanto a la mejora de derechos humanos, la coordinación de la mitigación del cambio climático y la reducción de la violencia. 

No es probable que el presidente Biden dé a México el mismo trato. Probablemente presionará a México —privadamente y en público— en temas como prácticas laborales, el medio ambiente y el comportamiento democrático. Los planes energéticos del Presidente AMLO chocarán con la nueva agenda climática de la Casa Blanca. Podríamos ver a México volver a la retórica “anticolonial” no vista desde comienzos de los 70. 

Las cosas no han tenido un buen comienzo. AMLO fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar formalmente a Biden por su victoria, y es posible que México pronto limite drásticamente la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra las drogas ilícitas. 

Superando la mala racha

A pesar del desafiante panorama que se avecina, la continua popularidad del AMLO muestra que las reglas usuales no siempre se aplican. Los partidos de la oposición han sido en gran medida ineficaces para unirse en torno a un mensaje común y trabajar juntos, y el estilo de vida discreto y la reputación personal de incorruptible del presidente AMLO tienen un gran peso en un país asolado por escándalos de funcionarios públicos. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador está a sólo un tercio del camino a su período de seis años. El tiempo está de su lado.